Hace unos meses, publicamos las intenciones del Gobierno de la Generalitat Valenciana de subir determinados impuestos. Lo primero que hicimos fuer recomendar a nuestros lectores que consultaran con su asesor fiscal por si debían tomar medidas en defensa de sus legítimos intereses.
Posteriormente, concretamos la idea de la Administración de retocar diversos aspectos del IRPF, beneficiando al contribuyente valenciano por regla general y del Impuesto sobre Sucesiones en otra dirección.
Indicamos que la bonificación en Sucesiones y Donaciones de la transmisión de participaciones o del negocio empresarial a los descendientes se limitaría a aquellas entidades de reducida dimensión (ERD) con cifra de negocio inferior a 10 millones. Y así ha sido.
También indicamos que las reducciones en la base imponible del impuesto serían de 100.000 euros, siempre que el patrimonio preexistente del heredero no superara los 600.000 euros. Y por su parte, la reducción en la cuota del impuesto, por regla general, pasaría del 75% al 50%. En definitiva, mayor tributación.
Todo aquello que indicamos se ha cumplido.
Cabe indicar, tal y como hicimos en un par de escritos, que el heredero puede optar por aplicar la normativa nacional o la de la Comunidad Valenciana. Las ventajas e inconvenientes de acogerse a la notmativa autonómica (la de la Comunidad Valenciana) o a la normativa nacional pueden consultarse en estos dos artículos.
En el caso de transmisiones de empresas, lo más normal será que el contribuyente opte por aplicar la normativa nacional, más beneficiosa, por lo que la reforma impulsada por el gobierno de la Generalitat Valenciana no tendrá los efectos por él deseado.
Las diferencias entre las comunidades autónomas son tan notables, que por ejemplo, en el Impuesto sobre el Patrimonio, en Extremadura se pagaría 410.655 euros por cada 15 millones y en Madrid ni un solo euro. Ahora, la Comunidad Valenciana se coloca en el lugar de las comunidades autónomas que más gravan a sus herederos.
Urge, pues, tener una normativa tributaria común en el estado español para que no se produzcan tributaciones desiguales entre comunidades vecinas. Pero eso parece muy lejano…