Como ya hemos comentado en anteriores posts, uno de los principales problemas para muchos empresarios es la morosidad y el retraso en los pagos, especialmente cuando se trata de proveedores que no reciben los pagos de sus clientes. En nuestro primer artículo sobre la lucha contra la morosidad, nos centramos en qué sucede cuando los morosos son clientes privados, pero en determinadas ocasiones, ese cliente es la Administración Pública. Si bien es un cliente interesante para cualquier empresario, es cierto que en muchas ocasiones se retrasa con los pagos, tanto, que puede perjudicar muy negativamente la tesorería de nuestro negocio, especialmente si se trata de pequeñas y medianas empresas.

El problema al no recibir el pago por parte de gobiernos autonómicos, diputaciones o ayuntamientos, tiene al menos dos vertientes:

  • La empresa no tiene liquidez suficiente para devolver el préstamo bancario, para cubrir los sueldos de sus trabajadores e incluso para liquidar sus deudas con Hacienda…
  • No encuentra entidad financiera que descuente o anticipe las facturas emitidas por la empresa contra la Administración porque aquellas no tienen confianza en que se pague la factura en un tiempo prudencial.

Y eso sin tener en cuenta que en ocasiones, el problema viene por los retrasos en los abonos de subvenciones y ayudas concedidas a las empresas. Siempre, desde nuestra asesoría hemos recomendado que no se inicie ningún proyecto confiando en las subvenciones, que no se saben si llegarán y mucho menos cuándo.

Según el Observatorio del Trabajo Autónomo, la Administración Pública debe aproximadamente 5.510 millones de euros a autónomos españoles y la media de retraso es de 163 días, es decir, aproximadamente medio año, en los pagos, incumpliendo así la Ley de Morosidad que obliga a las Administraciones a pagar en 30 días. Pero, de nuevo según el Observatorio del Trabajo Autónomo, menos del 12% de los autónomos españoles cobra sus deudas con la administración antes de 90 días.

Si la Administración Pública no paga sus deudas, las pymes deben solicitar créditos e incrementar su nivel de endeudamiento, lo que supone un problema en la mayoría de los casos.

Se debe tener en cuenta que, si no se reclama con los documentos adecuados, el derecho al reconocimiento o liquidación prescribe a los cuatro años desde el momento en que se prestó el servicio o el bien no liquidado, por lo que lo más recomendable es consultar el caso con nuestro asesor empresarial. Desde nuestro despacho, efectuamos la siguiente línea para solucionar los problemas de impago de las Administraciones Públicas:

  • Escrito de solicitud de pago, reclamando la cantidad adeudada más los intereses de demora, que nunca serán superiores al 15%.
  • La Administración tiene un mes para dar respuesta a la reclamación. Si no recibimos respuesta en ese plazo de tiempo, se dará por hecho que reconoce la deuda, por lo que se puede reclamar judicialmente la deuda. Lo más normal es interponer un recurso contencioso-administrativo en el que solicitemos el pago cautelar de la deuda mientras se resuelve el contencioso (Generalmente, el pago es concedido excepto si la cuantía reclamada no coincide con la exigible).

En el caso de que la deuda se trate de un servicio que todavía estamos prestando, pasados los cuatro meses es posible suspender el contrato hasta que la Administración cumpla la deuda, y si transcurren más de ocho meses, deberemos solicitar la resolución del contrato por incumplimiento.

En Ramón y Asociados estamos a tu disposición para informarte y realizar todas las gestiones necesarias para ayudarte a percibir las cantidades adeudadas por parte de las Administraciones Públicas en tu empresa.